Ciudad de México.- La reconstrucción de la justicia posibilita la cultura de paz y el desarrollo favorable para el país. Tanto el gobierno como la sociedad civil deben impulsar políticas públicas para reducir la desigualdad y la violencia; el Estado, sobre todo, necesita crear instituciones fuertes y sólidas que se apeguen a la ley para generar un sentido de confianza y credibilidad en la población.
Lo anterior, de acuerdo con la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González Contró, quien añadió: “las distintas formas de violencia física, cultural y estructural atentan contra los derechos humanos y no permiten el desarrollo de la población y de las mujeres”.
Al dictar la conferencia magistral “Por una cultura de paz”, en el Seminario Nacional “La violencia de género y la agenda feminista 2030”, convocado por la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU), A.C., la extitular de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM mencionó la importancia de los Objetivos 5 y 16 de la Agenda 2030 de la ONU, de los cuales recordó sus metas.
Respecto al 5, están, por ejemplo, “poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo”; “eliminar las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual”; “eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital femenina”.
En cuanto al 16, citó: “reducir todas las formas de violencia y tasas de mortalidad en todo el mundo”; “poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra la niñez”.
¡Cambios ya!
En el auditorio del Museo de la Mujer, Patricia Galeana Herrera, presidenta fundadora de la FEMU y titular de este recinto, destacó que la situación de agresión ha ido en aumento. “Dios es masculino y la mujer ocupa un lugar secundario, el hombre manda y la mujer obedece, es la cultura que queremos deconstruir para que se acabe la violencia hacia nosotras”.
Según cifras proporcionadas por la historiadora, la brecha salarial global en 2023 es de hasta 48 por ciento entre ellas y ellos. “Violencia genera violencia, mientras no cambiemos esto no podremos avanzar. De los dos mil 471 municipios de México, solo 525 son gobernados por mujeres; es decir, 25.9 por ciento ejercen el cargo, pero no el poder”.
De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, las desigualdades estructurales continúan: solo 38.5 por ciento de los altos funcionarios en nuestro país son mujeres, aun cuando representan casi la mitad de la fuerza técnica de trabajo; la nación mexicana ocupa el lugar 33 de 146 en el índice global de brecha de género; las mujeres han perdido 2.4 años de esperanza de vida saludable y los varones 1.5 años, a partir de 2020.
Durante los últimos años, dijo, se elaboraron estrategias que utilizan como primera y única opción el derecho penal para inhibir conductas que lesionan los principales bienes jurídicos en una sociedad; se recurre a una mirada punitivista lejana a los fines del derecho penal de 2008, cuando se reformó el sistema jurídico.
A pesar de existir otros mecanismos para la protección y garantía de las prerrogativas, con frecuencia el derecho penal es utilizado como primera, principal y única opción.
Algunas características del punitivismo son: derecho penal de actor y no de acto (criminalización); sanciones excesivas o desproporcionadas; uso mayoritario de la privación de la libertad; falta de cabida de medidas para la justicia restaurativa; incremento de tipos penales que en ocasiones duplican conductas ya tipificadas, lo que en algunos casos dificulta la labor ministerial, puntualizó.
